Las decisiones políticas y económicas en Marruecos han exacerbado la violencia contra las mujeres
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) señaló con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, que coincide con el transcurso de un año desde la entrada en vigor de la Ley 103-13, sin registrar un impacto tangible en el ámbito de la protección de la mujer frente a la violencia de género, debido a la persistencia de factores generadores de dicha violencia derivados de decisiones políticas.
En un comunicado, la asociación enfatizó que la propagación de la pobreza se ha convertido en una verdadera violación del derecho a una vida digna de las mujeres, y produce diversos tipos de violencia contra ellas, ya sea en el seno de la familia, en el lugar de trabajo o en el espacio público.
Destacaron que la violencia económica contra las mujeres es más severa a la luz de la pandemia del Covid-19, como resultado de privar a muchas mujeres de su fuente de ingresos, ya sea privándolas de salarios o por expulsión arbitraria de empleos, cuestión que se han expandido dramáticamente a la luz de la pandemia, o en virtud de trabajar en condiciones de economía sumergida.
La AMDH señaló que las tragedias vividas por las trabajadoras agrícolas de la fresa, en las afueras de Larache, y las mujeres varadas en el exterior durante la cuarentena, sufrieron hostigamiento, agresiones sexuales y violaciones.
La asociación destacó que las medidas improvisadas tomadas por el estado marroquí para enfrentar la pandemia repercutieron negativamente en la situación de las mujeres, entre ellas el aumento de la violencia doméstica --marital y familiar-- y psicológica, ante la ausencia o dificultad para acceder a mecanismos de denuncia de violencia y acceso a la justicia por la decisión de establecer juicios a distancia.
Y la marcha ante los peligros de la violencia doméstica, no se considera como un motivo aceptable para salir de casa, lo que obligó a muchas mujeres maltratadas a convivir con sus agresores y someterse a ellos durante largos periodos de tiempo.
La AMDH pidió a Marruecos que ratifique todos los convenios internacionales sobre los derechos de la mujer, que aún no lo han hecho, el más importante de los cuales es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Protección de las Mujeres contra el Acoso Sexual y la Violencia en el lugar de trabajo y que implemente la recomendación 203, asociada a dicho convenio.
También destacaron la necesidad de levantar todas las reservas explícitas o implícitas a la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, adecuar toda la legislación local a la misma y levantar la penalización contra las relaciones sexuales consensuadas entre adultos y las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que constituye un obstáculo para que las víctimas de violencia sexual accedan a la justicia.
Del mismo modo, hizo un llamado a la modificación radical e integral tanto de la ley penal como de la ley procesal penal, de manera que garantice la protección y prevención efectiva de las mujeres contra la violencia de género, proporcione justicia a las mujeres víctimas de violencia, ponga fin a la impunidad de los acosadores y adopte las medidas necesarias para implementar los requisitos del Código de Familia, la Mudawana, revisándolo en consonancia con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
La asociación también pidió una revisión de las disposiciones de la Ley 103-13 relacionadas con el combate a la violencia contra las mujeres, con la participación efectiva del movimiento de mujeres y de derechos humanos, en línea con los estándares de la ONU para que aborde la legislación de violencia de género, incluyendo la adopción de medidas de protección y prevención de la violencia, y la integración de la debida diligencia con la implementación del seguimiento judicial.
Para los maltratadores de violencia de género, incluso si la víctima renuncia, posibilitando que las organizaciones de derechos humanos y de mujeres se constituyan en parte civil, para lograr que actúe la justicia.