Los sindicatos de prensa contra el proyecto de reforma del Consejo Nacional de Prensa
Tres sindicatos y dos organizaciones de profesionales de la prensa dirigieron una carta abierta al jefe de Gobierno, Aziz Ajanuch, para manifestar su rechazo al proyecto de Ley 26.25, que busca reorganizar el Consejo Nacional de la Prensa.
El documento fue presentado el pasado martes 9 de septiembre ante la Cámara de Consejeros (Senado), tras haber sido aprobado rápidamente por la Cámara de Representantes (Parlamento).
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí (SNPM), el Sindicato Nacional de Periodismo, Medios de Comunicación, afiliado a la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) y el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación y Prensa, dependiente de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), así como la Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ) y la Confederación Marroquí de Editores de Periódicos y Medios Electrónicos.
Los firmantes critican una reforma que consideran carente de ″legitimidad profesional” y que va en contra del artículo 28 de la Constitución y de la Ley de la Prensa. A su juicio, el proyecto debilita el principio de autorregulación y amenaza la independencia del sector.
La carta critica especialmente la introducción de dos sistemas de representación considerados ″injustos”: la elección para los periodistas y el nombramiento de los editores según su peso económico, lo cual favorecería a las grandes instituciones en detrimento de las pequeñas empresas mediáticas.
Además, el uso del voto individual abierto para los periodistas se percibe como un retroceso respecto al sistema de listas de regulación sindical adoptado en 2018.
Finalmente, las organizaciones advierten sobre la institucionalización de un enfoque regulador que otorga poder ejecutivo, administrativo y disciplinario a los grandes editores, en contraposición a los compromisos internacionales de Marruecos en materia de libertad sindical y derechos humanos.
Por este motivo, exigen al Jefe de Gobierno que retire el proyecto de la Cámara de Consejeros y abra un diálogo social para redactar un nuevo texto consensuado, advirtiendo de las repercusiones ″económicas, sociales y profesionales” que prevalecen sobre la voluntad de la prensa.