Marruecos regula las funciones del traductor jurado
El Consejo de Gobierno marroquí aprobó el proyecto de ley n.º 18/2018. 52.23 relativo a los traductores jurados.
Este proyecto de ley se enmarca en la importancia de la profesión de traductor jurado y certificado en los tribunales,
Considerada una profesión auxiliar del poder judicial, la traducción juega un papel importante para asegurar un proceso justo al garantizar los derechos de las partes que no dominan el idioma de los procedimientos judiciales, a través de traducir sus palabras y declaraciones, así como de documentos y papeles presentados ante los tribunales.
Este proyecto de ley llega más de dos décadas después de la entrada en vigor de la ley que regula esta profesión, siendo el objetivo identificar las deficiencias relacionadas con esta labor con miras a fortalecerla, mediante la revisión del marco legal que la rige para mejorarlo y superar los desafíos de implementación.
Incluye una serie de novedades relativas a cinco grandes ámbitos, a saber, la denominación de la profesión, organización del acceso a su ejercicio, formación, disciplina y modernización.
El Ministerio de Justicia consultó al Colegio Profesional de Traductores Autorizados por los Tribunales, así como al Consejo Superior de la Magistratura y a la Presidencia del Ministerio Público.
Entre las principales novedades del proyecto está el cambio de denominación de la profesión, que pasa oficialmente a ser traductor jurado (en lugar de traductor homologado).
El proyecto también prevé regulación más estricta del acceso a la profesión y de su ejercicio y la creación de un instituto de formación especializada;
Del mismo modo, la introducción de disposiciones legales que garanticen una mayor protección jurídica de los traductores jurados, concediéndoles las mismas garantías que a los funcionarios públicos, de conformidad con los artículos 263 y 267 del Código Penal marroquí.
Por último, la profesión se organizará por primera vez dentro de un orden nacional con personalidad jurídica, lo que permitirá una mejor estructuración del sector, la representación de los traductores a escala nacional y el fortalecimiento de su supervisión profesional.
El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi.